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MACARENA VIDAL LIY
Pekín 23 AGO 2015
Corrupción, ignorancia, dejadez. Las explosiones de Tianjin son emblemáticas de algunos de los principales problemas que afectan a la seguridad industrial en China, la segunda economía del mundo, y que han convertido a este país en uno de los puntos negros mundiales en cuanto a mortandad en el trabajo. De acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, 68.061 personas murieron el año pasado en accidentes laborales en China. Casi un 20% de los 350.000 casos que la Organización Mundial del Trabajo detectó en todo el mundo en 2014.
Las explosiones del día 12 en Tianjin son, de lejos, los incidentes más graves que han ocurrido en lo que va de año. Ha dejado al menos 116 muertos y más de 700 heridos. Pero no han sido los únicos. Esa semana, un corrimiento de tierras dejaba al menos 9 mineros muertos y 56 desaparecidos en la provincia de Shaanxi. El sábado 9 personas quedaban heridas en la explosión de una planta química a menos de un kilómetro de edificios de viviendas en la provincia de Shangdong. Un día antes ardía un almacén de productos químicos en Hefei, en el sureste.
Según las cifras de China Labour Bulletin, una ONG con sede en Hong Kong y dedicada al seguimiento de las condiciones de los trabajadores dentro de China, hasta la catástrofe del pasado día 12 habían ocurrido 26 explosiones en lo que va de año, que dejaron 65 víctimas mortales y 119 heridos. La Administración para la Seguridad Laboral indica que en los cuatro primeros meses de este año se produjeron 862.225 accidentes laborales, que se tradujeron en 16.243 fallecimientos.
En los últimos años se han reducido gradualmente las cifras, en torno a un 10% anual. El año pasado se aprobó una normativa que endurecía las sanciones para las empresas que no respetaran las medidas de seguridad en el trabajo, y que podrán ser multadas hasta con 100,000 yuanes (14.000 euros). Con todo, perdura la causa de fondo: la falta de aplicación de las leyes.
“Aplicarlas de modo estricto puede requerir una gran inversión por parte de las compañías; la concienciación y la capacidad de administración de las empresas asimismo puede dejar que desear, aún nos queda distancia para llegar a los estándares avanzados de las compañías modernas; y también puede que la supervisión de los organismos reguladores no haya sido suficiente”, alega Wei Jiuchang, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Hefei y coautor del estudio “Inspecciones y Castigos de los Accidentes Industriales en China”, en un correo electrónico.
El rápido crecimiento económico alentó una cultura en la que el deseo de hacerse rico se antepuso a la prudencia. Surgieron numerosos talleres o empresas “negras” o ilegales, que trabajan con maquinaria anticuada o imponen largas horas de trabajo a sus empleados, con la subsiguiente fatiga. En muchos casas, la falta de formación para manejar los equipos de manera adecuada queda patente.
La corrupción también desempeña un papel: los empresarios con conexiones políticas o dinero pueden recurrir a los funcionarios locales para que hagan la vista gorda ante violaciones más o menos flagrantes de la ley. Y en un país donde los tribunales están supeditados al Partido Comunista, la débil sociedad civil tampoco cuenta con instancias donde reclamar.
Geoffrey Crothall, director de Comunicaciones de CLB, apunta otro factor: los propios trabajadores, “aunque cada vez cuentan con más poder a la hora de negociar con sus empresas, tampoco dado prioridad a las condiciones de seguridad y han preferido centrarse primero en lo más urgente, como mejoras en los salarios y complementos”, explica por teléfono.
En el caso de Tianjin se han reunido todos los factores. La falta de preparación de los bomberos causó la explosión involuntariamente, según todos los indicios. El almacén de la empresa Ruihai Logistics International donde se produjeron las explosiones careció durante ocho meses de los permisos necesarios para manejar sustancias peligrosas. Sus dos principales propietarios, que se ocultaban detrás de testaferros, han reconocido conexiones con el poder que utilizaron sin reparo para esquivar los controles de seguridad. Uno de ellos, Dong Shexuan, es hijo del exjefe de la Policía del puerto de Tianjin. El presidente de la compañía, Yu Xuewei, fue directivo de la empresa Sinochem, controlada por el Gobierno.
Ante la cólera que este caso ha desatado entre la opinión pública, el Gobierno chino ha prometido tomar medidas de “una lección pagada con sangre”. Ha ordenado una campaña de supervisión de riesgos en las empresas que manejan productos explosivos. Los directivos de Ruihai se encuentran detenidos; también se investiga a un alto cargo del Ministerio de Medioambiente e incluso al propio director de la Oficina de Seguridad Laboral, Yang Dongliang.
Pero la opinión pública sigue escéptica ante el verdadero alcance de estas medidas. En el pasado se han producido otros graves accidentes, como la explosión de polvo en una fábrica de componentes de automóvil en Kunshan en agosto de 2014, donde murieron 146 trabajadores, y pese a las garantías que se ofrecieron entonces "no ocurrió nada", recuerda Crothall.
Según el representante de CLB, añadir nuevas leyes y más capas reguladoras no contribuirá a resolver el problema. “Hace falta un cambio fundamental de mentalidad en los lugares de trabajo. Que los empresarios, los funcionarios y los trabajadores, todos ellos, empiecen a concienciarse de la importancia de la seguridad”.